Toda muerte es política

Cada segundo escuchamos a los que nos dicen qué temas tenemos que politizar y qué temas están fuera de alcance. En un país en el que hasta el Futbol Para Todos es política de estado, nos dicen que las muertes en un “accidente” de tren no deben ser politizadas. Veamos, entonces, por qué toda muerte es política:

La vida cotidiana como resultado

Hace apenas 5 meses estábamos insertos en una campaña política en la que la principal candidata, y actual Presidenta de la Nación, nos mostraba las virtudes del “modelo” en los distintos spots. Cada spot publicitario graficaba las políticas que llegaban a cada rincón del país e impactaban en cada realidad cotidiana. Así, un deportista, una científica, un estudiante, una ama de casa, un trabajador, un jubilado, un matemático, un empresario, etc. nos contaban como la política, cada día, hace su vida mejor. “La política volvió a las familias y a las discusiones en las mesas”, nos repetían incesantemente como virtud inexpugnable...

Hoy, 5 meses después y con el escrutinio electoral resuelto, nos cuestionan cuando nos referimos como producto de la política a las 51 muertes causadas por la tragedia de Once (por hablar con eufemismos). Las 51 muertes, los más de 700 heridos, así como las emisiones de la Televisión Digital Terrestre o el producto de la implementación de la Asignación Universal por Hijo, son hechos políticos que no pueden ser negados ni silenciados por conveniencia. Denunciar la “utilización política de las muertes” es mirar para otro lado para esconder que las muertes fueron causadas por ella: por la política ferroviaria y por la política de transporte, pero también por la política de impunidad que permite que funcionarios y empresarios amigos no sufran consecuencias legales por la corrupción, la desidia, los despilfarros, la desinversión, la distorsión de la información, la negligencia y el apriete.

Recursos y discursos

Mientras que nos debatimos entre la indignación y el dolor por las muertes y los heridos, podemos empezar a entrever las respuestas de los tecnócratas de turno para defender sus posturas liberales. Esbozan “…hoy no hay recursos para estatizar los trenes y para hacer las inversiones necesarias”. Y vuelven con el clásico que nunca pasa de moda: “El estado es mal administrador, por eso no deberían volver a sus manos los trenes”. Ambos argumentos son impugnables y rebatibles.

Empecemos por el argumento de los recursos y para eso pensemos cómo se obtienen. En Argentina los impuestos al consumo representan el 35% de la recaudación nacional y los vinculados a la Seguridad Social otro 25%. En tanto, los impuestos al comercio exterior participan del 13%, Ganancias con el 18,5% y los tributos sobre la propiedad el 8,2%. Además, en Ganancias, buena parte de la recaudación de personas físicas corresponde a 1.500.000 trabajadores en relación de dependencia de sueldos relativamente bajos por la falta de actualización del mínimo no imponible. De este modo, entendemos que la mayoría de la presión tributaria cae sobre los trabajadores mientras que no se impone tributo a la renta financiera, al juego, a la renta extraordinaria y al latifundio. Todas estas actividades, fuentes necesarias de divisas para que podamos viajar mejor, tener mejor salud, tener mejor educación, tener mejor seguridad, etc. serían una solución concreta para que en el corto y mediano plazo el Estado pueda ser el principal actor en la refundación ferroviaria del país.

El segundo argumento, el de la mala administración, no es más que una apreciación verosímil. Ya vimos los resultados de las concesiones a los privados y los pagamos día a día o, más bien, viaje a viaje. Los empresarios prefieren pagar las muertes que invertir en prevenirlas con mejor servicio: eso es maximizar ganancias y reducir costos de las empresas. Hace casi 20 años nos quisieron convencer con este mismo argumento y hoy el problema sigue sin resolverse, por lo que la premisa se cae por peso propio.

Mientras los que politizan todo intentan explicar que no se puede politizar la tragedia de Once, la justicia actúa, primero y raudamente sobre los trabajadores ferroviarios. Quizás, con algo de suerte, en algún momento interpele a los culpables y los haga pagar (un poco). La justicia impone distintos tratos de acuerdo a la clase social de pertenecia de los afectados, porque es imposible negar la ideología que las leyes y el poder reflejan.

Nada cambiará con medidas que maquillen la realidad. No alcanza con echar a Schiavi, Secretario de Transporte de la Nación, de su cargo, eso sólo sería un buen primer paso. No habrá justicia mientras no se logre descomponer el entramado de corrupción, desidia e impunidad perpetrado por los empresarios, sindicalistas-empresarios y funcionarios de turno. Este cóctel que ya terminó con muchas vidas, entre ellas la de Mariano Ferreyra, sigue siendo culpable de las muertes y nosotros, como sociedad, seremos los responsables de no dejar que esto quede impune una vez más.