jueves, 28 de febrero de 2013

Convenios que no convienen

Por Jorge Duarte*
La negociación colectiva no sólo abarca temas vinculados a lo salarial sino que también aborda temas específicos de las condiciones laborales. La flexibilización, herencia fatídica de los 90, todavía hace mella en las jornadas laborales y aún se encuentra presente marcando el ritmo de trabajo.

En un país donde un tercio de los trabajadores se encuentra no registrado, se podría pensar que las condiciones laborales de aquellos que están amparados por un convenio colectivo de trabajo no merecen ser tratadas. Sin embargo, al poner la lupa en los mecanismos de flexibilización laboral, aún presentes en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), reconocemos que el efecto residual de la década de 1990 todavía tiene mucho peso.
Al recorrer el artículo “La negociación colectiva en Argentina. Descripción y análisis crítico”, de Luis Campos y Guillermo Gianibelli, encontramos que dispositivos de flexibilización de la jornada laboral tales como el establecimiento de turnos de trabajo, fijos o rotativos, la habilitación por convenio de la fragmentación del período de descanso anual y mecanismos de cálculo de la jornada de trabajo en base a promedios siguen presentes en los CCT que regulan la vida laboral de los trabajadores registrados bajo convenio. La negociación colectiva pone foco principalmente en las cuestiones vinculadas a lo salarial y desconoce las formas de flexibilización que precarizan las condiciones laborales de los trabajadores registrados.
Ejemplo de ello fue lo sucedido en las negociaciones colectivas de 2011, en el que podemos encontrar que en el 43% de los convenios colectivos homologados ese año se establecen turnos de trabajo, fijos o rotativos, que flexibilizan las condiciones de los trabajadores del sector que regulan. Además, las cláusulas que habilitan la fragmentación del período de descanso anual de manera unilateral por la patronal aparecen en el 27% de los convenios, mientras que mecanismos de cálculo de la jornada de trabajo en base a promedios que establecen jornadas de 12 horas a cambio de otras de 4 horas se pueden encontrar en el 7% de los mismos.
Cuadro: Distintos mecanismos de flexibilización laboral en convenios homologados en 2011 –En %-.
Fuente: Elaboración propia en base a “La negociación colectiva en Argentina. Descripción y análisis crítico” de Luis Campos y Guillermo Gianibelli.
También se presentan clausulas vinculadas a la flexibilización de lo referente estrictamente a las tareas que realiza el trabajador. Como bien dicen Campos y Gianibelli: “La definición de las categorías profesionales en los convenios colectivos, y la asignación de tareas específicas a cada una de ellas, constituyó una constante en la historia de la negociación colectiva en nuestro país. Este sistema operaba como garantía para los trabajadores, quienes de esta manera podían imponer límites al ejercicio de los poderes patronales en cuanto a la organización del trabajo”. Esto fue históricamente cuestionado por los empresarios y finalmente erosionado en los 90, abriendo camino a empleadores con menores restricciones para consumir productivamente la fuerza de trabajo. Sin embargo, esto no es un problema de décadas pasadas, sino que aún tiene vigencia. Las cláusulas que permiten la polivalencia de funciones flexibilizando el sistema de categorías se encuentran presentes en el 34% de los convenios colectivos homologados durante 2011. Pasado que es presente.
Lo que también es presente y se vincula con modos más aggiornados de flexibilización de la organización de trabajo, tiene que ver con la incorporación de cláusulas que habilitan formas tales como el trabajo en equipos, células de trabajo, círculos de calidad, etc. Estas cláusulas que desregulan las jornadas laborales y se fundan en la visión de que los trabajadores son competidores entre sí y no compañeros, se pueden observar en el 8% de los convenios homologados en 2011 por el Ministerio de Trabajo.
No menos importante es la incorporación de sistemas arbitrarios avaladas por los Convenios Colectivos de Trabajo dentro de los mecanismos de promoción y evaluación de desempeño. Estas cláusulas, que acrecientan el poder de discrecionalidad de los empleadores en base a cuestiones subjetivas como la “proactividad” o la “predisposición”, se detectan en el 32% de los convenios homologados en 2011.
Mientras el trabajo no registrado es un problema que fundamentalmente debe ser atacado por políticas estatales activas, la flexibilización dentro de los convenios tiene un componente muy fuerte de responsabilidad de los gremios cuyos representantes avalan estas situaciones. Un mercado laboral en el que la desocupación no pone en jaque a los trabajadores ocupados genera el marco necesario para que los gremios ataquen el problema.
Hay consenso en lo perjudicial de las políticas neoliberales, pero pareciera que no hay tal consenso en revertir sus consecuencias. Convenios que son renovados automáticamente sin debatir problemas de fondo que se arrastran hace años y empleadores que acuerdan con gremios débiles (o que miran para el costado) altos márgenes de maniobra para potenciar el consumo de la mano de obra son la más clara expresión de la flexibilización legalizada. Los 90 todavía no se fueron.

* Periodista especializado en temas gremiales / @ludistas
Nota originalmente publicada en Marcha

jueves, 21 de febrero de 2013

La foto del mercado laboral con los colores de la precarización



Por Jorge Duarte*
El panorama de 2013 se viene con la certidumbre de negociaciones paritarias complejas y con un mercado laboral con desigualdades importantes. La informalidad laboral, la precarización y las tercerizaciones son los ingredientes de un plato complejo.

Según las cifras oficiales difundidas por el Ministerio de Trabajo de la Nación, dentro del mercado laboral se encuentran un total de 15.913.400 personas ocupadas. De ese total, los trabajadores con aportes y beneficios sociales suman 10.553.566, es decir un 66,3% del total de personas ocupadas. Dentro de este grupo, los que se encuentran registrados en relación de dependencia suman 8,5 millones, mientras que los restantes son trabajadores cuentapropistas. Además, según estas cifras oficiales, los datos más alarmantes se vinculan a los que no entran en ese 66,3%. La cantidad de trabajadores no registrados en el país llegan a los 5.360.000 de personas. Estos números respaldan los análisis que expresan que un tercio de los trabajadores de la Argentina se encuentra dentro de la informalidad laboral.
Estar dentro de la masa del 33,7% de trabajadores no registrados representa bastante más que no tener aportes jubilatorios y cobertura social -lo que de por sí no es poco-. Las condiciones laborales de los trabajadores no registrados se encuentran muy por debajo de las condiciones laborales de los trabajadores que sí lo están. Esta desprotección en las condiciones en las que se desarrolla el empleo implica, en muchos sectores, mayores riesgos para la salud y mayores índices de insalubridad, ligado a la incapacidad de negociar mejoras por la condición precaria en la que se encuentran. Sin embargo, el problema también tiene un componente económico muy fuerte. Los salarios de los trabajadores no registrados son, aproximadamente, un 30% menores a los que perciben por el mismo trabajo quienes se encuentran registrados.
Para graficar el componente económico del impacto en el salario del trabajo no registrado, es útil recurrir a los datos presentados hace unos días por el Observatorio por el Derecho Social en el informe denominado: “Estado de vigencia de los Derechos Humanos de la clase trabajadora en la Argentina”. Según las cifras exhibidas, el promedio de las remuneraciones netas de los trabajadores registrados alcanza los $5.796 mensuales. Al incorporar a los trabajadores no registrados a la cuenta el monto desciende a los $3.707 mensuales. Ese es el impacto profundo que tiene el trabajo no registrado en el promedio de ingreso de los trabajadores y el que representa una condena a salarios muy bajos de aquellos que no se encuentran contenido por el “mercado laboral formal”.
Hay un componente fundamental que explica un promedio de salarios de los trabajadores ocupados de $3.707. Esto tiene que ver con que más del 40% de los trabajadores percibe de su ocupación principal un ingreso inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Esto se produce por situaciones de fraude laboral que esquivan hasta las pautas más básicas que regulan el empleo. Las carencias en los controles estatales y el propio Estado (ya sea nacional, provincial y/o municipal) empleando bajo condiciones informales son parte de este entramado irregular.
Estos $3.707 que cobra en promedio la totalidad de los trabajadores Argentinos superan el Salario Mínimo Vital y Móvil ubicado en los $2.875 pero se encuentra muy lejos de los $6.997 calculados como costo de una canasta básica de bienes y servicios para una familia tipo (4 personas) por  la Junta Interna de ATE – INDEC. Sin el impacto a la baja en el promedio de los salarios no registrados, la diferencia entre el salario medio y la canasta básica de bienes y servicios sería menor, como sería menor el problema económico a saldar. Es evidente que el trabajo no registrado representa de los peores males que se deben enfrentar en el ámbito laboral y, en consecuencia, en el ámbito social.
Para complementar el panorama del mercado laboral es importante mencionar que según los datos publicados por le INDEC, la desocupación se ubica en el 6,9%, mientras que la subocupación alcanza el 8,9% (de los cuales el 6,2% es demandante). Estos números expresan que la desocupación es un tema claramente menor respecto del fenómeno que venimos abordando –aunque no por esto menos importante-.
La foto del mercado laboral sigue mostrando grandes contrastes. Mientras que la desocupación hoy ocupa un rol secundario, el protagonismo del empleo precario es notorio y su combate debe encabezar las listas de prioridades de las intervenciones estatales y gremiales. Para que la palabra “inclusión” sea una realidad, en serio, para ese tercio de trabajadores informales se necesitan más y mejores políticas activas contra el combate del fraude laboral y la precarización. Por ahora el Estado ha esquivado el tema y ha dejado hacer y los sindicatos fueron demasiado complacientes y en los peores casos cómplices.

* Periodista especializado en temas gremiales / @ludistas

miércoles, 13 de febrero de 2013

El derecho a la vivienda: un lujo


Por Jorge Duarte
Al recorrer la evolución de los salarios y de los precios de las viviendas en el mercado inmobiliario encontramos que en los últimos 11 años se ha ensanchado la brecha que separa el promedio de salarios y el valor de las viviendas. La posibilidad de acceder a un techo para los trabajadores se convierte en una utopía, al tiempo que la desregulación del mercado inmobiliario sigue excluyendo.

El acceso a la vivienda es uno de los temas centrales para el bienestar de las familias y una de las cuentas pendientes más importantes de los años de prosperidad económica que vivió la Argentina post-2001. La propiedad de la vivienda es uno de los factores de inclusión social más importantes y la lógica de un mercado inmobiliario desregulado, al servicio de los grandes grupos económicos, no hace más que marginar a importantes sectores sociales al alquiler (ya sea formal o informal) o al hacinamiento. 

Para poder tener real magnitud del fenómeno repasemos números que presentó Natalia Cosacov, investigadora del Área de Urbanismo del Instituto de Investigación Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires en el Informe “Alquileres e Inquilinos en laCiudad de Buenos Aires. Una radiografía”[1]: “En Ciudad de Buenos Aires el 30% de los hogares alquilan el lugar donde residen (343.443)”. Es decir, casi 350 mil familias, solamente en la CABA, se ven imposibilitadas de acceder a una vivienda propia. A pesar de la reactivación económica y del crecimiento a tasas chinas, la redistribución del ingreso no fue tal para  propiciar a los trabajadores el acceso al techo propio. Es más, la falta de políticas concretas de regulación del mercado inmobiliario hicieron que una vivienda esté hoy más lejos del alcance de los trabajadores que hace 11 años.

Los datos que proporciona Natalia Cosacov al respecto son más que claros. En 2001 el 68% de los hogares eran propietarios, hoy el número de hogares propietarios del lugar donde residen descendió al 56%. Este fenómeno se da por el incremento incesante de los precios de las viviendas en el marco de la especulación inmobiliaria. Cosacov concluye: “Si ha habido una mejora en el ingreso, lo cierto es que no ha sido suficiente para que una gran mayoría de familias puedan comprar la vivienda en la que habitan, dado que los precios del suelo aumentaron más que los salarios”. Esto lo grafica en su informe con el siguiente cuadro:
 
Fuente: elaboración Natalia Cosacov en base a datos del Mercado Inmobiliario de Datos de la DGEyC

Como vemos, la curva ascendente del aumento de salarios muestra un comportamiento menor a las curvas que reflejan los aumentos del precio del suelo en las diversas zonas de la Ciudad de Buenos Aires. Esta separación no hace más que confirmar la imposibilidad del acceso a la vivienda por parte de los sectores asalariados y la exclusión como patrón resultante de mantener un mercado inmobiliario desregulado. Este escenario se sintetiza, entonces, en trabajadores sin viviendas y viviendas sin trabajadores.

Algunos números que aportan a entender el tema
Los números duros expresan cuestiones centrales para terminar de comprender lo que sucede. A la fecha encontramos que el promedio de ingresos de los trabajadores ocupados (registrados y no registrados) se encuentra apenas en los $3.707. Este promedio de salario dista mucho del costo de lacanasta básica de bienes y servicios para una familia tipo (4 personas) calculada en $6.997 por la Junta Interna de ATE – INDEC. Con salarios que apenas superan el 50% de la canasta básica de bienes y servicios se hace imposible pensar en destinar ahorros a la compra de una vivienda. 

En este sentido, es importante remarcar que 1 de cada 3 trabajadores se encuentra no registrado y esa condición lo imposibilita de acceder al mercado formal. Para aspirar a un alquiler en el mercado formal o, incluso, al acceso a un crédito es necesario cumplir con requisitos que los trabajadores no registrados no alcanzan, como la presentación de recibos de sueldo y comprobantes de ingresos. Es decir, la informalidad laboral deriva en precariedad de las condiciones de vivienda.

Las dificultades del acceso al crédito hipotecario, por no poder conseguir los requisitos mínimos, hicieron que se convierta en una herramienta sin peso real en las transacciones de inmuebles. El impacto decreciente de los créditos hipotecarios en la venta de inmuebles es resumido por Natalia Cosacov de la siguiente manera: “el impacto de las hipotecas en la compra-venta de inmuebles ha tendido a disminuir, representando en el 2010 sólo el 5,8% de las operaciones de compra-venta”. Es decir, salarios que cada vez están más lejos del precio de la vivienda y la imposibilidad del crédito como herramienta operan como dos factores fundamentales en la marginación del 30% de los hogares a la posibilidad de la casa propia.

Como corolario habría que mencionar el elevado porcentaje que representa un alquiler en los salarios de los trabajadores. Según datos del mercado inmobiliario de la Dirección Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, un alquiler promedio de un departamento de 3 ambientes rondaba los $2.280 en el barrio de Almagro y los $1.900 en Parque Patricios a marzo de 2012 (estos números, seguramente han subido alrededor de un 20% en un año). Si entendemos que los trabajadores no registrados no tienen acceso al sistema formal de alquiler y nos concentramos en el porcentaje que representan los alquileres sobre el promedio de lo percibido por los trabajadores registrados (actualmente esa cifra llega a los $5.796), encontramos que un alquiler en Almagro representan, al menos, un 37% de lo percibido por un asalariado registrado. Haciendo el mismo análisis un alquiler en Parque Patricios representa erogar un 32% de lo que percibe mensualmente un trabajador registrado. Es decir, más de un tercio del salario promedio debe ser destinado por los trabajadores registrados a residir en una vivienda que nunca llegarán a adquirir

Como contracara resta mencionar la cantidad de obras suntuosas y viviendas desocupadas que hay en la Ciudad de Buenos Aires. La propia lógica del capital, que en tiempos de crecimiento económico lleva a la concentración, hace que el acceso al suelo y la vivienda sea cada vez más dificultoso mientras que la cantidad de viviendas desocupadas crezca. El Censo 2010 mostró que un total de 340,975 viviendas (número que representa un 24% del total) se encuentran desocupadas. Estas viviendas desocupadas que encajan casi a la perfección con la cantidad de familias que alquilan, muestran que lo que hace falta es regular el mercado en favor de los sectores menos favorecidos. Viviendas hay suficientes.

Hasta que el salario no comience desandar el camino que lo aleja del acceso a la vivienda, el derecho constitucional a una vivienda digna seguirá siendo un lujo y el suelo propiciará el caldo de cultivo necesario para los negocios que excluyen a las mayorías.

*Periodista especializado en temas gremiales / @ludistas