ART: Alianzas de Riesgo para los Trabajadores

Por Jorge Duarte*

El miércoles la presidenta la nación presentó modificaciones en el mercado de los seguros de riesgos del trabajo, que dejaron varios puntos para analizar. Principalmente se avanzó en el fin de la famosa doble vía, la eliminación de lo que llamó “la industria del juicio” y la reglamentación de la posibilidad de generar las ART Mutual entre empresarios y sindicatos.

Los anuncios realizados el miércoles por Cristina Fernández, en presencia de industriales y sindicalistas de la CGT oficialista, luego detallados en conferencia de prensa por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, implican una serie de cambios en el mercado de los seguros de riesgos del trabajo que modifican el panorama de los trabajadores al momento de sufrir un accidente laboral.  Lo expresado el miércoles se formaliza en el decreto 1720/2012 firmado por la presidenta y en el proyecto de ley presentado por el oficialismo. Mediante estas normativas se establecen modificatorias en los montos a pagar por accidentes laborales,  en los plazos de pago, en las condiciones en las que se accede al pago y en el mercado de las aseguradoras de riesgos de trabajo ya que se limitan las comisiones de los aseguradores y de las ART. De este modo, el shock de cambios produce un reordenamiento de la dinámica en que se desarrolla el mercado de riesgos del trabajo y produce cambios profundos que marcan contradicciones y dejan conformes a los asistentes, pero en situación incómoda a los trabajadores.

Vía única

A partir de fallos de la Corte Suprema de 2004 se habilitó a los trabajadores que sufren accidentes de trabajo a cobrar lo dispuesto a modo indemnizatorio por la ART y posteriormente iniciar acciones legales en caso de estar en desacuerdo con el monto otorgado. Este proceso, conocido como doble vía, comenzó a extenderse desde entonces. En 2010 el 45% de los casos de infortunios laborales (eufemismo para referirse a accidentes en situación de trabajo) utilizó la doble vía para reclamar responsabilidad civil de los empresarios. Estas demandas de los trabajadores, que van más allá de las prestaciones dinerarias dispuestas por las ART, fueron las que llevaron a Cristina Fernández a catalogar de “industria del juicio” al sistema. Actualmente hay más de 75 mil reclamos judiciales por accidentes laborales irresueltos. Este sistema que judicializa un porcentaje muy importante de los infortunios laborales pagados por las ART, se termina con el fin de la doble vía sustanciado el pasado miércoles.

La modificatoria a la Ley de Riesgos del Trabajo propone acortar los plazos de cobro de indemnizaciones y subir los montos por accidentes laborales que estaban estancados desde 2010. De esta manera, se establece que el damnificado deberá optar por elegir la vía judicial o por el reclamo ante las ART, pero de ninguna manera podrá acceder a ambas. Si el trabajador opta por cobrar la indemnización ofrecida por la ART, renunciando a la posibilidad de iniciar un juicio, el pago deberá hacerse efectivo 15 días después de que se haya fijado el monto de la incapacidad por lo que se aceleran los tiempos de cobro. Además, las sumas indemnizatorias se actualizarán, ya que el piso indemnizatorio que se toma de base para hacer los cálculos pasará de $180 mil a $460 mil.

Esta nueva legislación, que contradice la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema, deja al trabajador o la familia del trabajador accidentado, expuestos a un dilema de difícil resolución en un momento de suma vulnerabilidad. Por lo tanto un trabajador con un accidente laboral y las urgencias del caso, tiene que optar por cobrar en los plazos que le propone la ART o exponerse a los tiempos judiciales despiadados. De este panorama se puede inferir que el trabajador que no posea los ahorros necesarios para sostenerse mientras se desarrolla un proceso judicial, deberá conformarse con lo que las ART le ofrezcan. Los cambios que implican denegar la vía judicial, benefician a los empresarios afectados por estos procesos y, a cambio, se elevan los montos de las indemnizaciones, se actualizan bianualmente y se aceleran los pagos de los trabajadores afectados.

Sociedades peligrosas

En la misma velada se anunció la reglamentación de las denominadas ART Mutual que podrán ser conformadas entre empresarios y sindicatos para competir en el mercado de las aseguradoras de riesgos de trabajo. Estas ART Mutual sin fines de lucro, si bien estaban previstas en la legislación vigente, no se encontraban reglamentadas.  El decreto firmado el pasado miércoles prevé que una ART Mutual podrá ser constituida por "asociaciones profesionales de empleadores o grupos de empleadores y las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial que celebren negociaciones colectivas". Este nuevo emprendimiento cooperativo entre empresarios y sindicalistas les dará la posibilidad de competir con las actuales ART y se espera que produzca la reducción de costos de los seguros.

Las ART Mutual son un viejo reclamo de empresarios y sindicalistas que les posibilita una fuente de recursos importante y la posibilidad de convertirse en proveedores de un servicio a sí mismos. Desde el Estado, entonces, se fomenta la figura de sindicalistas empresarios asociados con las patronales. Estas sociedades entre gremialistas y empresarios, que ya han probado ampliamente su fracaso en sucesivas ocasiones que cimentan sindicatos burocráticos, vuelven al centro de la escena y generan evidentes conflictos de intereses. Los sindicalistas se encontrarán ante la disyuntiva de defender derechos de trabajadores o los recursos financieros de su negocio en la ART. Negocios o trabajadores fue la disyuntiva de los grandes gremios en la década de 1990 o con las tercerizaciones por ejemplo, y ya sabemos cómo terminó la historia.

Los apoyos recibidos por los anuncios permiten vislumbrar el sesgo ideológico del proyecto. La Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación General Empresaria (CGERA), la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA) elogiaron los cambios. También se expresaron a favor referentes de la CGT oficialista. Los avales cosechados por las modificaciones dejan entrever que las medidas lejos de beneficiar a los trabajadores, buscan mayor protección empresaria y proveer de una fuente de recursos a sindicatos burocratizados. Mientras los empresarios esperan bajar la judicialización de los accidentes laborales, los sindicatos esperan recibir fondos con los cuales sostener sus estructuras crujientes por la carencia de fondos de las obras sociales. Así como los fondos de las obras sociales funcionaron como herramienta de coerción para opositores y afianzaron alianzas, los ingresos de las ART pueden generar un nuevo impulso a estructuras sindicales cada vez más necesitadas de recurrir a la compra para mantener su poder.

Los negocios sindicales suelen oponerse a los intereses de los trabajadores que los propios gremios deben defender. Este esquema de sindicalistas empresarios que impulsa la modificatoria de la Ley de Riesgos de Trabajo, expone a sindicatos burocratizados a nuevos vínculos con el capital mediados por recursos económicos. Negocios o derechos parece ser  el dilema sindical. Mientras tanto todas las asociaciones de empresarios festejan.

*Periodista especializado en temas gremiales / Conductor de En Casa Hablamos FM Radio Sur 88.3 / http://escritosdeclase.blogspot.com.ar/ @ludistas

Nota originalmente publicada en Marcha