Por
Jorge Duarte @ludistas
La
semana pasada se presentó el Proyecto de Ley de Promoción del
Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral. La normativa se
encuentra para su tratamiento en la Cámara de Senadores y establece
un conjunto de medidas para formalizar la situación de más de un
tercio de los asalariados que trabajan de forma no registrada
(eufemismo utilizado para referirnos al trabajo ilegal) y para
alentar la promoción del empleo. El diagnóstico parece acertado, el
trabajo no registrado y la pérdida de dinamismo del mercado laboral
en el último tiempo son dos de los problemas más acuciantes de esta
etapa.
El
tercio de trabajadores no registrados no sólo no cuentan con
protección social y legal sino que, además, perciben salarios
promedios que los dejan muy cercanos a la pobreza, sufren una
condición de inestabilidad que les quita posibilidades de
proyectarse en el tiempo y padecen dificultades para acceder a la
salud, la educación y la vivienda (incluso al alquiler por no poder
cubrir con las condiciones que impone el desregulado y voraz mercado
inmobiliario).
El
año pasado el Ministerio de Trabajo de la Nación en el documento
“Trabajo
no registrado: avances
y desafíos para una Argentina inclusiva” dio algunas pistas para
entender una parte importante de las motivaciones de la medida. El
informe señalaba que en establecimientos de hasta 5 trabajadores, el
70% de los empleados se encuentran en condición de no registrados.
Este texto, debatido en el marco del Diálogo Social 2013, brinda
sustento a la idea madre sostenida por el proyecto de establecer
sistemas de incentivos para la formalización de lazos laborales en
las microempresas.
Es en
este núcleo de trabajo no registrado urbano donde el proyecto
converge con las necesidades del momento y encuentra su mayor
acierto. La situación de estas unidades pequeñas, de baja
producción y escasa rentabilidad (lo que se medirá en base a la
facturación) merecen atención especial y diferenciada. No hablamos
de emprendimientos con altas ganancias, sino más bien de aquellos
que están vinculados a la subsistencia. Simplificación de los
trámites, menores costos y mayor control consolidan una respuesta
precisa.
Menos
auspiciosa parece ser la mirada que exhibe el plan sobre las empresas
más grandes y su actuación en el mercado. Con una perspectiva un
tanto naif del comportamiento de los privados, el éxito del proyecto
en los establecimientos de mayor envergadura no dependerá tanto de
los incentivos, sino que su suerte estará atada a la presencia
efectiva del Estado y del impulso que se le otorgue a los controles y
a la fiscalización de las irregularidades. Quienes utilizan el
trabajo en negro para maximizar ganancias no cambiarán su postura de
no mediar instancias punitivas concretas y palpables.
El
reverso de la moneda lo encontramos en el apartado sobre la promoción
de empleo. De cara a un mercado laboral que comienza a dar señales
de alerta por despidos en sectores como el metalúrgico, el
metalmecánico, el automotriz y el del calzado, el proyecto prevé
beneficios impositivos para quienes incorporen nuevo personal. Este
intento de dinamizar la creación de empleos cae en una receta
probada aunque no siempre con buenos resultados.
Las
reducciones de cargas patronales para apuntalar el mercado es una
política de empleo ortodoxa que no suele dar frutos por sí sola e
históricamente fue más beneficiosa para empleadores que para
empleados. Estos beneficios impositivos que abarcan situaciones
disimiles (especialmente hablando de tamaño y rentabilidad)
seguramente profundizarán las diferencias pre-existentes y tendrán
poco impacto en el mundo de las PyMES. Difícilmente se logre
revertir la tendencia a la destrucción de puestos de trabajo si las
fuerzas no se centran en volver a impulsar la producción y potenciar
el consumo.
Por
supuesto que el análisis de la letra de una legislación se basa en
lo que se explicita, pero también en lo que se omite. En ese
sentido, es de destacar el reconocimiento del trabajo no registrado
como un grave problema del mercado laboral, pero se pone el acento
sólo en el rol que juega en el sector privado como si no existiera
trabajo en negro en el Estado. Tanto el empleo público nacional,
como (y fundamentalmente) en los órdenes provinciales y municipales
se observan grandes bolsones de informalidad que quedan
invisibilizados en este proyecto.
El
trabajo no registrado es un problema transversal del mundo laboral en
su conjunto que se consolidó en los últimos 20 años. Un buen
primer paso para su combate sería avanzar en registrar las fuentes
de trabajo en negro y las situaciones de fraude laboral que produce
el Estado, lo que seguramente redundaría en un beneficio para los
trabajadores y para el propio Estado.
Nota originalmente publicada en Página 12
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