El martes por la noche la
Presidenta Cristina Fernández anunció modificaciones vinculadas al denominado
impuesto a las ganancias para los asalariados y al sistema de asignaciones
familiares. Estas fueron las primeras respuestas significativas del ejecutivo a
la agenda sindical que resonaron fuerte. Repasemos los números detrás del
anuncio y las interpretaciones.
Hace al menos dos años la
agenda de reivindicaciones sindicales de todas las centrales de trabajadores
incluye la suba del mínimo no imponible como uno de sus ítems. El martes por la
noche la presidenta anunció que se aplicará una
nueva deducción especial para que no tributen ganancias los asalariados que perciban
hasta $15.000 brutos mensuales; que se eliminarán las diferencias entre
trabajadores con y sin carga de familia; y que las modificaciones comenzarán a
regir el primero de septiembre. Estas decisiones, comunicadas en el marco del
segundo encuentro de diálogo social encabezado por el ejecutivo, fueron
acompañadas por los dirigentes sindicales afines al gobierno nacional y
marcaron el primer anuncio relevante para la “agenda laboral” desde la fractura
de la CGT hace más de un año.
Las deducciones especiales
anunciadas en torno a ganancias impactarán de lleno en los bolsillos de 1.300.000
asalariados que dejarán de ser alcanzados por el tributo. En este sentido, las
estimaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
precisaron que desde el primero de septiembre y hasta fin de año, el estado
nacional debido a esta decisión dejará de recaudar un total de $4.495 millones
que engrosarán el poder adquisitivo de los trabajadores. La idea es que ese
dinero se vuelque al consumo y que sirva para potenciar la reactivación de la
economía.
Si el reclamo por ganancias
tomó relevancia en un mundo laboral signado por la informalidad (1 de cada 3 asalariados
desarrollan su actividad en negro) es por la masividad que adquirió en los
últimos años. Las actualizaciones del
mínimo no imponible que estuvieron por debajo de la inflación y de los
promedios acordados para las recomposiciones salariales en paritarias desde
2008, la decisión de no ajustar el mínimo no imponible en 2009 y 2012 y la
falta de ajuste en las escalas del tributo habían generado un desfasaje
importante. Estas medidas generaron que se triplique la cantidad de asalariados
que tributaba ganancias entre 2008 y 2012 y que quienes pagaban lo hagan con
porcentajes más altos por la falta de ajuste en las escalas. Mientras que en
2008 el impuesto a las ganancias alcanzaba al 8,5% del total de los
trabajadores registrados, en 2012 el porcentaje que pagaba llegaba al 25% de
ese universo. Con los cambios anunciados el martes, desde el primero de
septiembre deberá tributar ganancias un 10,2% de los registrados, lo que
retrotrae la situación a cifras parecidas a las de 2008, cuando no era tema de
agenda sindical.
Adicionalmente, se anunció que
se elevará el mínimo no imponible un 20% para quienes perciban entre $15.001 y
$25.000 lo que producirá un alivio para los casi 700.000 trabajadores que se
encuentren en esa franja salarial. Por lo tanto, de los trabajadores
comprendidos hasta ahora por ganancias, sólo unos 255.000 con ingresos
superiores a $25.001 no verán mejorada su situación.
En el mismo momento se
anunciaron cambios en el régimen de asignaciones familiares. También desde el
primero de septiembre los montos a partir del cual se pierde el beneficio coincidirán
con los que regirán para el pago de ganancias. De esta manera los trabajadores
que no tributen ganancias percibirán asignaciones familiares, lo que constituye
la restitución de 850.000 asignaciones por hijo. Actualmente,
los pagos por hijo alcanzan a 3.193.503 chicos y desde el próximo mes se
elevarán a 4.042.000 beneficiarios.
Este anuncio
cubre, parcialmente, otro reclamo compartido por todas las centrales sindicales
y retrotrae la situación a cifras similares a las de 2008, año a partir del
cual se perdieron 750.000 asignaciones por hijo por las modificaciones al
régimen.
Redistribución entre quienes
Con el impacto de la crisis internacional
en 2008 se consolidó un proceso de redistribución de la riqueza que tuvo
fuertes componentes endogámicos entre los trabajadores. De esta manera, con la
paulatina incorporación de trabajadores a tributar ganancias por un lado y con
la pérdida de asignaciones familiares por otro, fueron los propios trabajadores
los que aportaron los recursos para subsidiar a otros trabajadores (ocupados o
desocupados).
Este proceso de
redistribución, fundamentalmente endogámico entre los asalariados, hasta el
martes no logró amenazar los intereses de los grandes grupos concentrados de la
economía. Aunque se esperaba que se grave la renta financiera y finalmente no
ocurrió, se anunció que para compensar las cuentas fiscales se impondrá una tasa del 15% sobre las utilidades que
arrojen la compra-venta de acciones y títulos valores que no coticen en Bolsa y
se fijará una alícuota del 10% para los que cobren dividendos de empresas
locales. Estas medidas lograrán recaudar $2.056 millones provenientes del
sector privado y marcarán un cambio significativo del rumbo tomado en materia
de redistribución en los últimos años. Resta ver si es un camino a seguir o una
medida aislada.
Los padres de la criatura
Con el anuncio fresco comenzó
la pelea por apropiarse de la medida. Desde los sectores sindicales vinculados al
gobierno nacional intentan presentar las modificaciones de ganancias como fruto
de sus gestiones en La Rosada. Antonio Caló, Secretario General de la CGT
oficialista, sostuvo que los anuncios consistieron en “darle respuesta al
pedido que hacían los trabajadores”. Por su parte Hugo Yasky, Secretario
General de la CTA oficialista, entendió que “significa dar un paso adelante para tener un sistema tributario más
justo en la Argentina”.
Los sectores sindicales opositores entienden que los anuncios
son consecuencia de las movilizaciones que incorporaron a la agenda pública el
tema cuando todavía era resistido por el oficialismo. Hugo Moyano, Secretario
General de la CGT opositora, expresó que fueron los Camioneros quienes pusieron
ganancias en debate con paros y movilizaciones. Pablo Micheli, Secretario
General de la CTA disidente, puso énfasis en que “tomaron bien” la medida y
dijo que “lo veníamos reclamando desde hacía dos años con marchas y
paros". También los gremios de base
clasistas que lideran grandes fábricas entienden que parte de la decisión del
ejecutivo estuvo basada en la presión que pusieron en las calles.
Los dirigentes sindicales que integran el Frente Renovador tampoco
dudaron en atribuirse las modificaciones a ganancias. Héctor Daer, Secretario
General de Sanidad Buenos Aires y candidato a Diputado por el espacio de Massa,
remarcó que "la decisión de la presidenta no es casual" porque
"la baja del impuesto a las ganancias es el proyecto de Massa”.
La decisión del ejecutivo seguramente sopesó la situación
gremial y electoral compleja. La necesidad de fortalecer las centrales
sindicales afines y otorgarles un anuncio relevante cuando flaqueaban sus
fuerzas, la posibilidad de retomar iniciativa política para mejorar su imagen
luego de las P.A.S.O., la evaluación de una situación injusta en materia
tributaria y la eventual reducción de la conflictividad sindical deben haber
pesado al momento de resolver. Aunque la solución no llegó por ley, por lo que
no se garantiza su continuidad en el mediano plazo, por un tiempo ganancias
estará fuera de agenda.
Nota originalmente publicada en Marcha
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