Por Jorge Duarte*
El panorama de 2013 se viene con la certidumbre de
negociaciones paritarias complejas y con un mercado laboral con desigualdades
importantes. La informalidad laboral, la precarización y las tercerizaciones
son los ingredientes de un plato complejo.
Según
las cifras oficiales difundidas por el Ministerio de Trabajo de la Nación,
dentro del mercado laboral se encuentran un total de 15.913.400 personas
ocupadas. De ese total, los trabajadores con aportes y beneficios sociales
suman 10.553.566, es decir un 66,3% del total de personas ocupadas. Dentro de
este grupo, los que se encuentran registrados en relación de dependencia suman
8,5 millones, mientras que los restantes son trabajadores cuentapropistas.
Además, según estas cifras oficiales, los datos más alarmantes se vinculan a
los que no entran en ese 66,3%. La cantidad de trabajadores no registrados en
el país llegan a los 5.360.000 de personas. Estos números respaldan los
análisis que expresan que un tercio de los trabajadores de la Argentina se encuentra
dentro de la informalidad laboral.
Estar dentro de la masa del 33,7% de
trabajadores no registrados representa bastante más que no tener aportes
jubilatorios y cobertura social -lo que de por sí no es poco-. Las condiciones
laborales de los trabajadores no registrados se encuentran muy por debajo de
las condiciones laborales de los trabajadores que sí lo están. Esta
desprotección en las condiciones en las que se desarrolla el empleo implica, en
muchos sectores, mayores riesgos para la salud y mayores índices de
insalubridad, ligado a la incapacidad de negociar mejoras por la condición
precaria en la que se encuentran. Sin embargo, el problema también tiene un
componente económico muy fuerte. Los salarios de los trabajadores no
registrados son, aproximadamente, un 30% menores a los que perciben por el
mismo trabajo quienes se encuentran registrados.
Para graficar el componente económico
del impacto en el salario del trabajo no registrado, es útil recurrir a los
datos presentados hace unos días por el Observatorio por el Derecho Social en
el informe denominado: “Estado de vigencia de los Derechos Humanos de la clase
trabajadora en la Argentina”. Según las cifras exhibidas, el promedio de las
remuneraciones netas de los trabajadores registrados alcanza los $5.796
mensuales. Al incorporar a los trabajadores no registrados a la cuenta el monto
desciende a los $3.707 mensuales. Ese es el impacto profundo que tiene el
trabajo no registrado en el promedio de ingreso de los trabajadores y el que
representa una condena a salarios muy bajos de aquellos que no se encuentran
contenido por el “mercado laboral formal”.
Hay un componente fundamental que
explica un promedio de salarios de los trabajadores ocupados de $3.707. Esto
tiene que ver con que más del 40% de los trabajadores percibe de su ocupación
principal un ingreso inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Esto se produce
por situaciones de fraude laboral que esquivan hasta las pautas más básicas que
regulan el empleo. Las carencias en los controles estatales y el propio Estado
(ya sea nacional, provincial y/o municipal) empleando bajo condiciones
informales son parte de este entramado irregular.
Estos $3.707 que cobra en promedio la
totalidad de los trabajadores Argentinos superan el Salario Mínimo Vital y
Móvil ubicado en los $2.875 pero se encuentra muy lejos de los $6.997
calculados como costo de una canasta básica de bienes y servicios para una
familia tipo (4 personas) por la Junta Interna de ATE – INDEC. Sin el
impacto a la baja en el promedio de los salarios no registrados, la diferencia
entre el salario medio y la canasta básica de bienes y servicios sería menor,
como sería menor el problema económico a saldar. Es evidente que el trabajo no
registrado representa de los peores males que se deben enfrentar en el ámbito
laboral y, en consecuencia, en el ámbito social.
Para complementar el panorama del
mercado laboral es importante mencionar que según los datos publicados por le
INDEC, la desocupación se ubica en el 6,9%, mientras que la subocupación
alcanza el 8,9% (de los cuales el 6,2% es demandante). Estos números expresan
que la desocupación es un tema claramente menor respecto del fenómeno que
venimos abordando –aunque no por esto menos importante-.
La foto del mercado laboral sigue
mostrando grandes contrastes. Mientras que la desocupación hoy ocupa un rol
secundario, el protagonismo del empleo precario es notorio y su combate debe
encabezar las listas de prioridades de las intervenciones estatales y
gremiales. Para que la palabra “inclusión” sea una realidad, en serio, para ese
tercio de trabajadores informales se necesitan más y mejores políticas activas
contra el combate del fraude laboral y la precarización. Por ahora el Estado ha
esquivado el tema y ha dejado hacer y los sindicatos fueron demasiado complacientes
y en los peores casos cómplices.
*
Periodista especializado en temas gremiales / @ludistas
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