Consecuencias sociales del Agronegocio

Desde hace 30 años el proceso de sojización del mundo rural argentino ha demostrado su voracidad. Mientras que ya hemos repasado los problemas sanitarios que conviven con la utilización de agrotóxicos en informes anteriores, ahora repasemos con más detalle los aspectos sociales y económicos del fenómeno:

Un mundo en el que no caben 2 mundos

La problemática del mundo rural se expresa claramente en dos modelos agropecuarios con diferencias notables e incompatibles. Sin una firme regulación estatal estos mundos opuestos se excluyen. Por un lado, encontramos la producción agropecuaria para el consumo del mercado interno, compuesto por enclaves de producción pequeños y medianos que emplean un mayor número de trabajadores y generan una gran variedad de alimentos. Por otro, encontramos el denominado “agronegocio” productor de soja para principalmente exportación y con una mínima cantidad de empleos ligados al proceso productivo. El agronegocio de gran voracidad en su proceso de expansión territorial tiene como consecuencia la expulsión de otras alternativas productivas.

El agronegocio que avanza a paso firme nos coloca en situación en la actualidad donde la cantidad de hectáreas ocupadas por la soja constituye más de la mitad de la superficie que se destina a cultivar granos en el país. Esta desproporción en la producción, en conjunto con la prácticamente nula participación de la soja en la dieta alimentaria de los argentinos, demuestra la enorme cantidad de territorio destinado casi exclusivamente a la producción para exportación, con fuertes componentes de negocio industrializado y menos cantidad de trabajadores empleados. En síntesis: unos pocos producen en mucho territorio con el fin de exportar toda su producción.

El boom sojero genera que los pequeños productores que comienzan a quedarse sin lugar que ocupar en la cadena productiva agrícola, arrienden o vendan sus tierras y que los peones del sector, que quedan desocupados por la alta tecnificación del paquete industrial del agronegocio, tengan que buscar nuevos horizontes de empleo en base a la migración a las ciudades. Con el condimento de la semilla transgénica se expandió la frontera agrícola, lo que produjo un mayor “arrinconamiento” de los pequeños productores o campesinos.

Entonces podemos afirmar que el boom sojero se encuentra íntimamente vinculado con los fenómenos de lenta desaparición de la agricultura familiar, de descenso de variedad de productos agropecuarios destinados al mercado interno, de pérdida de soberanía alimentaria y de una caída en la cantidad de trabajadores empleados por el sector.

Agricultura sin agricultores

Como hemos dicho con el avance de la soja el agro se transforma: “cada vez más en productor de commodities y cada vez menos en medio de vida para la mayoría de los productores agropecuarios, especialmente para los [productores] familiares. Asimismo, Argentina va perdiendo su calidad de productor de alimentos básicos. Se van conformando los denominados complejos agroindustriales, con grandes empresas que extienden su poderío “hacia adelante” y “hacia atrás” en la cadena agroindustrial”. Como sostiene el economista Claudio Lozano “Este modelo sojero además de romper la soberanía alimentaria de la Argentina, destruye puestos de trabajo y debilita a los pequeños y medianos productores ya que mientras la soja genera un puesto de trabajo cada 500 hectáreas, la economía familiar crea 35 puestos de trabajo cada 100 hectáreas”.

Como ya hemos visto en otros informes la realidad laboral de los trabajadores del sector en cuestión es muy compleja. Se estima que el 70% de los trabajadores rurales se encuentran en condiciones de informalidad laboral. Además hay una importante porción de trabajadores que son reducidos a la servidumbre a través de prácticas vinculadas al trabajo esclavo. En este contexto la soja avanza a pasos agigantados. Las organizaciones que intentan resistir son sistemáticamente criminalizadas y perseguidas. Los dispositivos utilizados para desplazar a quienes resisten fueron variados. Desde la presentación de nuevos dueños de los terrenos con órdenes de desalojo, hasta el desmonte de campos para destinarlos a la agricultura, impidiendo la utilización como zonas de pastoreo de las comunidades indígenas y campesinas. Esto genera que en el Noroeste Argentino haya un 40% de pueblos rurales que se encuentren actualmente en riesgo de extinción.

Pueblos originarios sin lugar de origen

Unas de las caras más duras del depredador agronegocio tiene que ver con la situación que viven los pueblos originarios en torno a la posesión de sus tierras ancestrales. De los territorios que se encuentran en conflicto ante el avance de la soja, un 60% pertenece a pueblos originarios, que mediante violentos desalojos suelen perder su suelo ancestral a manos de grandes terratenientes. De este modo se genera una crisis social de gran escala que condena a la migración, el hambre y la miseria a los pueblos originarios acorralados por la producción sojera. Según los investigadores Fernando Barri y Juan Wahren “Pero tal vez la más dramática de las consecuencias sociales del modelo sojero de desarrollo sea el etnocidio que se está produciendo sobre las pequeñas comunidades de cazadores-recolectores, que aún persisten de los pueblos originarios en la región Chaqueña de Argentina. Las condiciones de indigencia y desnutrición que sufren miembros de las comunidades de la etnia Q´om (Toba) de la provincia del Chaco, llamó esporádicamente la atención de los medios de comunicación a mediados del 2007. Sin embargo, casi ninguno de estos medios atribuyó estos hechos a la pérdida de los bosques nativos (y sus recursos asociados) de los que solían proveerse las comunidades Q´om para su subsistencia, señalándose por el contrario que “el problema radicaba en la falta de asistencialismo” por parte de los Estados Nacional y Provinciales”.

Este fenómeno que se produce en el interior del país y no es reflejado en los grandes medios de comunicación de Buenos Aires, es de una gravedad tal como para ser considerado una crisis humanitaria. Violencia paraestatal hacia los pueblos originarios que se encuentran asentados en territorios que el agronegocio reclama por su fertilidad, desplazamiento de sus tierras ancestrales, depredación de ecosistemas, contaminación por los agrotóxicos (tema que hemos tratado en otro informe) migración a tierras menos productivas o a grandes urbes en las que deben insertarse a una realidad que no conocen, son los condimentos del etnicidio sojero.

¿Campo vs gobierno?

Como se dio desde 2003, y una vez pasada la crisis que duró entre marzo y julio de 2008 en la que los productores de soja se enfrentaron al gobierno nacional por la llamada Resolución 125 (con la que se grababa gradualmente la renta extraordinaria de la producción de soja) el gobierno ha sido socio y ha potenciado el agronegocio. Las principales razones que se encuentran detrás de esta decisión gubernamental son, por un lado la definición de una matriz de acumulación vinculada a la devaluación de la moneda que a los exportadores de commodities les sirve de base de crecimiento y, por otro lado, la magnitud del impacto de las retenciones a las exportaciones en la recaudación fiscal nacional.

Las retenciones a las exportaciones agropecuarias que nacieron en 2002 en el gobierno de Duhalde, fueron sostenidas por el kirchnerismo y representan en líneas generales, y a pesar de las variaciones interanuales, más del 10% del total de lo ingresado en las arcas públicas. Las retenciones a las exportaciones de soja fijadas en el 35%, representaron en marzo pasado un 11,7% del total de lo recaudado por el estado nacional. Mientras que sectores como el industrial o el de combustibles es deficitario en términos de importación/exportación, las retenciones a los productos agropecuarios le representan al gobierno nacional dólares frescos que sirven para mantener el valor de la moneda y equilibran la balanza comercial.

Los números dejan en claro, que más allá de desencuentros ocasionales, la sociedad entre el gobierno y el sector es funcional para ambos. El gobierno mantiene un tipo de cambio favorable para el sector, le permitir a la industria la utilización de agrotóxicos, es cómplice del avance indiscriminado sobre territorios anteriormente ocupados por pequeños productores rurales o por pueblos originarios y no se detiene en los daños ambientales producidos por la deforestación para ganar terrenos sojeros. Por su parte, los productores de soja aportan uno de cada tres barcos que exportan a las arcas del gobierno nacional, sin que esto evite que ganen cifras extraordinarias por la renta sojera.

El investigador Larroca concluye: “El avance de la sojización en el campo argentino, amén de la extraordinaria renta que esto les genera a los pocos que la producen o arriendan sus campos con ese fin, no ha traído aparejado beneficios al resto de la sociedad; sino que por el contrario incrementó la brecha entre ricos y pobres, así también como la concentración de la riqueza”. A estas contundentes expresiones sólo resta agregarle que la lógica del capital que se reproduce sin atenuantes en el agronegocio, expone la peor cara donde se quiebra la resistencia. Ni trabajadores rurales, ni organizaciones sociales pudieron ponerle límites a la voracidad del capital que en complicidad con el estado excluye y mata con total impunidad.