Repensando la Economía (Social)

Desde los 90´s escuchamos, cada vez con más frecuencia, la expresión Economía Social y Solidaria. Muchas veces no tenemos muy clara la dimensión y el impacto de esta práctica, por eso vamos a analizar un poco los números y las características de este fenómeno que presenta, en muchas ocasiones, más sombras que luces:

Alternativa al capitalismo o complemento

Cuando decimos Economía Social y Solidaria (ESS) estamos hablando de lo que se denomina el tercer sector de la economía, los otros dos están compuestos por los ámbitos de la economía estatal y la privada. Este tercer sector está integrado por cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y algunas organizaciones no gubernamentales. Estas “empresas solidarias” no persiguen fines de lucro y son propiedad de un grupo de personas que se reúnen para satisfacer sus necesidades a través de la producción de un bien o la prestación de un servicio. No existen aún consensos con respecto a los criterios específicos de delimitación, por lo tanto la ESS incluye unidades económicas pertenecientes a todos los sectores y en todas las fases del proceso productivo. Hasta aquí una aproximación lineal y superficial a nuestro tema.

Sin embargo no todo lo que reluce es oro. La ESS nace en los 90´s y no por casualidad. En un contexto en el que el Estado retiraba su presencia, se desregulaban los distintos sectores de la economía, se reducía a mínima expresión las políticas sociales, el auge privatista invadía cada espacio y el neoliberalismo era el faro que iluminaba no sólo el camino de la Argentina, sino de todo occidente, la ESS aparece para atenuar los efectos sociales. El sociólogo Héctor Palomino, afirma: “En el contexto prevaleciente en la década pasada, las actividades de la economía social aparecían como complementarias del retiro del Estado” y agrega: “El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial promovieron durante los años 90 el apoyo a micro emprendimientos autónomos, destinado a consolidar un «amortiguador» social de lo que en esos organismos se conceptualizaban como los «costos de la transición» hacia una moderna economía de mercado. Esos mecanismos, inspirados en una ideología «empresarialista», tenderían a converger finalmente con los productos de las reformas de mercado que consolidarían el modelo neoliberal”. Podemos ver como se propiciaron, entonces, las actividades vinculadas a la ESS más como complemento del modelo económico, que como resistencia o alternativa a este. Quienes propiciaban el neoliberalismo, promovían un paliativo para aquellos sectores sociales expulsados sistemáticamente de este sistema.

Analizando el fenómeno

Como ya hemos visto en escritos anteriores, la economía Argentina enfrenta un período de crecimiento muy importante y sostenido. En los últimos 8 años el incremento económico ha sido cercano a los 10 puntos. Sin embargo estos números no alcanzaron para solucionar algunos problemas concretos de los trabajadores, por ejemplo el alto grado de informalidad laboral que analizamos la semana pasada. A pesar de lo que el gobierno ha denominado como nuevo proceso de industrialización del país desde 2003 hasta la fecha, podemos mencionar que actualmente 1.180.000 personas se encuentran empleadas por la ESS. Si bien la procedencia y la incorporación de estas 1.180.000 personas a la ESS es un fenómeno por demás heterogéneo, sin equivocarnos podemos sostener que más que una decisión de vida, la incorporación a la ESS se basa en tomar la única alternativa ante una economía que sigue manteniendo al margen a amplios sectores de la población.

Las virtudes de la ESS, como amortiguador del impacto social que produce una economía de mercado, pone en evidencia los límites que encuentra “el modelo” en Argentina. El sólo hecho que exista ESS debería preocuparnos. La gran cantidad de puestos de trabajo en este tercer sector demuestran que no hay trabajo para todos en condiciones formales y que es imperioso cubrir “baches sociales”, a pesar de los números positivos de la economía Argentina.

Es central remarcar, además, que las condiciones laborales no siempre son las mejores. En muchos lugares, y a pesar de que se intenta formalizar la ESS con políticas desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, las condiciones laborales se acercan peligrosamente a las que presenta la informalidad. Salarios notablemente más bajos que los de un trabajador registrado, aportes sociales limitados y cobertura de salud deficiente (en caso de que la tengan), muestran algunos de los puntos de contacto entre estos dos sectores. Estos factores hacen que la gran mayoría de los trabajadores que participan de la ESS sientan necesidades de cambiar sus condiciones laborales por un trabajo registrado, estable y bien remunerado, que les permita desarrollarse con mayores perspectivas.

Del total de trabajadores incorporados a la ESS más de 150.000 pertenecen al denominado plan “Argentina Trabaja” del Ministerio de Desarrollo Social. Para acceder a este plan es necesario no poseer ingreso alguno ya sea por trabajo o por ayuda asistencial y ser parte de una cooperativa. Este plan ministerial que incorpora “en blanco” a sus “cooperativistas” por medio del Monotributo Social, paga sueldos que se encuentran por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Con el aumento anunciado hace unos días, más un “plus por productividad” y un “plus por presentismo”, el salario del plan Argentina Trabaja alcanza los $1.835, lejos de los $2.300 fijados el año pasado y todavía no actualizado como Salario Mínimo Vital y Móvil.

Resistencias y asistencia

Como hemos visto, la incorporación a la ESS siempre es un proceso conflictivo para los trabajadores. Es de suma importancia pensar el rol distintivo que han tenido aquellos trabajadores que han recuperado sus puestos de trabajo a partir de la resistencia a los cierres y los vaciamientos. Los procesos de ocupación y puesta en funcionamiento de las fábricas son el punto más alto de resistencia de clase en este fenómeno. Según datos del programa de Trabajo Autogestionado, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, los trabajadores involucrados en esta situación son aproximadamente 15.000, en un total de 280 empresas recuperadas.

Aquellos trabajadores que han ocupado y puesto en funcionamiento fábricas que se encontraban cerradas muestran la contracara de las políticas de estado. Mientras que se alienta el cooperativismo de arriba hacia abajo y la asociación improductiva con el plan Argentina Trabaja, se desalienta y reprime la organización de los trabajadores que recuperan fábricas. Casos como el de la ex Zanon (actual FaSinPat) en Neuquén, Impa en Almagro, Febatex en Quilmes, Brukman en Balvanera y tantos otros ejemplos, demuestran que cuando hay posibilidades concretas de gestión obrera, puesta en funcionamiento y creación de riqueza, el estado responde con represión y desalojos. Las leyes de expropiación que nunca salen, la policía y los jueces cómplices de sectores del capital hacen el resto.

Podemos ver entonces dos líneas claras de acción por parte del Estado. Por un lado, el aliento a la ESS con salarios bajos, condiciones laborales precarias, dependencia económica e ideológica del estado y poca riqueza (o nada) por distribuir. Este sector, subsidiado por el estado, posee escaso potencial de crecimiento y los trabajadores obtienen salarios que se encuentran lejos de lo necesario para vivir dignamente. Este escenario nos permite pensar que perpetúa la condición precaria de quienes lo integran. Y por otro lado, encontramos el desaliento y la represión a la ESS cuando los trabajadores se organizan autónomamente para producir de manera cooperativa, con posibilidades concretas de obtener buenos salarios e independencia ideológica del estado. Este sector independiente, además de convivir con la posibilidad de desalojo constantes, suele tener que tributarle al estado más de lo que las mismas fábricas lo hacían cuando estaban en manos privadas (FaSinPat es un caso testigo de esto último).

El debate sobre este tema es complejo, pero podemos concluir aquí que la ESS cumple una función más importante como complemento a la economía de mercado que como alternativa a esta. El estado suele alentar las prácticas ligadas a la ESS para aquellos que se encuentran fuera del mercado laboral sin darle posibilidad de movilidad social. Sin embargo, el mismo estado, respondiendo a las necesidades del capital, suele reprimir aquellos intentos de ESS en sectores donde se puede generar riqueza y una alternativa real a la producción bajo lógica capitalista. Socializar pobreza y privatizar riquezas es lo que el Estado propone una vez más.

*Cuando hablo de políticas de estado y no distingo entre los distintos gobiernos es porque no hay cambios relevantes entre las administraciones que se sucedieron. Se puede observar que con matices se mantiene una regularidad en la lógica y en las medidas tomadas

Apuntes sobre trabajo, informalidad y gremios

Desde 2008 hasta la fecha estamos presenciando el aumento paulatino pero constante de lo que se denomina conflictividad laboral. La conflictividad laboral es una estadística que se mide teniendo en cuenta el número de huelgas y cierres de fábricas por año. Luego de períodos en los que hubo niveles relativamente bajos de conflictividad, estamos en una etapa en que vemos el crecimiento de la acción directa como modo de lucha principalmente a partir del crecimiento de los cortes de calles como método. Repasemos un poco los números que provocan el aumento de la conflictividad laboral:

Negro sobre blanco

Del total de la población económicamente activa en la Argentina, el 84% de los asalariados cumplen sus tareas dentro del sector privado, mientras que el 16% restante lo hace dentro del sector público. Además, podemos remarcar que un 33,6% de los trabajadores cumplen sus tareas en lo que se denomina “informalidad laboral”. Este número se mantiene con una leve tendencia en baja en los últimos años, sin embargo sigue en porcentajes muy altos. Recordemos que trabajar en la informalidad consiste en que los asalariados no tienen aportes sociales, seguro de accidentes de trabajo, cobertura médica, aguinaldo, ni se les ata el salario a las negociaciones colectivas de trabajo, por lo que queda en absoluta desprotección ante la patronal que lo emplea.

Los sectores de la economía que presentan mayores índices de informalidad son la construcción, la producción agrícola, el trabajo doméstico y el trabajo en el sector textil. Esos sectores se han caracterizado tradicionalmente, en nuestro país, por tener niveles altos de trabajadores en condiciones informales. Incluso por las propias características de esos sectores, se vuelve muy complicado medir a ciencia cierta la magnitud del fenómeno. Se puede agregar, también, que el propio estado presenta un número importante de trabajadores no registrados: el 12% de los trabajadores asalariados empleados por el estado se encuentra en la informalidad. Como dato anecdótico podríamos mencionar que muchos trabajadores del Ministerio de Trabajo, organismo encargado de controlar el trabajo informal, se encuentran en situaciones irregulares de contratación.

Porcentajes de trabajadores no registrados sobre el total, divididos por región en la Argentina: GBA 34% / Cuyo 36% / NEA 41,5% / NOA 40,8% / Pampeana 31,7% / Patagónica 22,1%.

Podemos leer en una investigación realizada por Eleonora Peliza y María Elena López que “la informalidad también tiene efectos y amplía la brecha respecto de las condiciones de vida, el 45% de los trabajadores informales está debajo de la línea de pobreza (de los cuales el 17% son indigentes), mientras que en el sector formal la incidencia de la pobreza se reduce a 17% (3% de indigencia)”. Los números son muy claros y nos dan un panorama concreto del impacto en la vida de las condiciones laborales. Además, es importante agregar que “el 75% de los trabajadores informales no alcanza a cumplir un año en su trabajo y que la antigüedad promedio en el puesto de los informales es la mitad que entre los formales”.

Trabajadores sin gremios / Gremios sin trabajadores

Junto con el enorme número de trabajadores no registrados en Argentina, vivimos momentos en los que se conjugan un alto grado de desconfianza en los gremios de base por parte de los trabajadores, y empresarios que toman medidas para impedir la filiación gremial de sus empleados. Estos motivos dan como resultado una cantidad muy importante de trabajadores no agremiados entre los que se encuentran registrados. Para graficar esto es importante remarcar que el 63% de los trabajadores registrados en empresas privadas no se encuentran afiliados a sus sindicatos. Recordemos que son los sindicatos quienes negocian los convenios colectivos de trabajo, las condiciones laborales y son los habilitados para defender a los trabajadores ante atropellos o incumplimientos de las patronales.

Del total de las empresas radicadas en argentina el 87,6% no posee delegado gremial. Si segmentamos los datos podemos encontrar que en empresas de 10 a 49 empleados el 92,5% del total no posee delegados gremiales, ni junta interna, mientras que el 47,5% de las empresas con más de 200 empleados no posee representación gremial alguna. Cuanto más pequeña la empresa menos protección gremial tienen los trabajadores y menos posibilidades de agremiarse sin sufrir persecución o despidos.

Sería un error analizar este tema sin hacer mención, aunque no es el motivo de esta nota, al desgaste que ha sufrido la credibilidad de los gremios en los últimos 30 años. Luego de haberse convertido en faros de las reivindicaciones de los trabajadores hasta 1976, ha comenzado un proceso de alejamiento de las bases, cierre a la participación de los trabajadores, burocratización de la toma de decisiones y traición a los propios intereses de clase (obviamente hay algunos casos excepcionales). Estos argumentos, sin duda, aportan su cuota para que tengamos estas grandes cantidades de trabajadores no agremiados. Tampoco es menor, en este punto, la campaña que realizan los medios de comunicación de masas ante las acciones gremiales realizadas por los trabajadores, condenándolas públicamente, poniendo como sinónimos las palabras: gremialistas y delincuente.

Sin embargo, lo que queda claro es que la informalidad laboral y en menor medida los altos niveles de trabajadores no agremiados, son pilares que sirven de sostén a empresarios que se enriquecen con el crecimiento de la economía a “tasas chinas”* en los últimos 9 años. Este crecimiento de la economía de la Argentina no tiene correlación directa en la realidad de los trabajadores. Según la Encuesta Permanente de Hogares en el 3° trimestre de 2011 el 22,2% de los hogares viven con menos de 4500 mensuales. Estos hogares, compuestos por trabajadores (principalmente informales) y desempleados no cuentan con protección de salud de ningún tipo, tiene problemas para enviar a sus hijos a la escuela, etc.

Ante casi una década de una economía que crece incesantemente y un estado que presenta records en recaudaciones todos los años, la lógica del capital y la inexistencia de políticas de protección concretas para proteger los derechos de los trabajadores, muestran la cara depredadora del sistema condenando a la informalidad y a la marginalidad a grandes masas de la población. El camino es la organización de la resistencia que se encuentra en ascenso.

*La tasa de crecimiento del PBI de la Republica Popuar de China ha sido la más alta del mundo en los útlimos 15 años rondando el 10% anual. Cuando un país presenta cifras similares de crecimiento del PBI se dice que crece a “Tasas Chinas”

Fuentes estadísticas: INDEC / TEL

Toda muerte es política

Cada segundo escuchamos a los que nos dicen qué temas tenemos que politizar y qué temas están fuera de alcance. En un país en el que hasta el Futbol Para Todos es política de estado, nos dicen que las muertes en un “accidente” de tren no deben ser politizadas. Veamos, entonces, por qué toda muerte es política:

La vida cotidiana como resultado

Hace apenas 5 meses estábamos insertos en una campaña política en la que la principal candidata, y actual Presidenta de la Nación, nos mostraba las virtudes del “modelo” en los distintos spots. Cada spot publicitario graficaba las políticas que llegaban a cada rincón del país e impactaban en cada realidad cotidiana. Así, un deportista, una científica, un estudiante, una ama de casa, un trabajador, un jubilado, un matemático, un empresario, etc. nos contaban como la política, cada día, hace su vida mejor. “La política volvió a las familias y a las discusiones en las mesas”, nos repetían incesantemente como virtud inexpugnable...

Hoy, 5 meses después y con el escrutinio electoral resuelto, nos cuestionan cuando nos referimos como producto de la política a las 51 muertes causadas por la tragedia de Once (por hablar con eufemismos). Las 51 muertes, los más de 700 heridos, así como las emisiones de la Televisión Digital Terrestre o el producto de la implementación de la Asignación Universal por Hijo, son hechos políticos que no pueden ser negados ni silenciados por conveniencia. Denunciar la “utilización política de las muertes” es mirar para otro lado para esconder que las muertes fueron causadas por ella: por la política ferroviaria y por la política de transporte, pero también por la política de impunidad que permite que funcionarios y empresarios amigos no sufran consecuencias legales por la corrupción, la desidia, los despilfarros, la desinversión, la distorsión de la información, la negligencia y el apriete.

Recursos y discursos

Mientras que nos debatimos entre la indignación y el dolor por las muertes y los heridos, podemos empezar a entrever las respuestas de los tecnócratas de turno para defender sus posturas liberales. Esbozan “…hoy no hay recursos para estatizar los trenes y para hacer las inversiones necesarias”. Y vuelven con el clásico que nunca pasa de moda: “El estado es mal administrador, por eso no deberían volver a sus manos los trenes”. Ambos argumentos son impugnables y rebatibles.

Empecemos por el argumento de los recursos y para eso pensemos cómo se obtienen. En Argentina los impuestos al consumo representan el 35% de la recaudación nacional y los vinculados a la Seguridad Social otro 25%. En tanto, los impuestos al comercio exterior participan del 13%, Ganancias con el 18,5% y los tributos sobre la propiedad el 8,2%. Además, en Ganancias, buena parte de la recaudación de personas físicas corresponde a 1.500.000 trabajadores en relación de dependencia de sueldos relativamente bajos por la falta de actualización del mínimo no imponible. De este modo, entendemos que la mayoría de la presión tributaria cae sobre los trabajadores mientras que no se impone tributo a la renta financiera, al juego, a la renta extraordinaria y al latifundio. Todas estas actividades, fuentes necesarias de divisas para que podamos viajar mejor, tener mejor salud, tener mejor educación, tener mejor seguridad, etc. serían una solución concreta para que en el corto y mediano plazo el Estado pueda ser el principal actor en la refundación ferroviaria del país.

El segundo argumento, el de la mala administración, no es más que una apreciación verosímil. Ya vimos los resultados de las concesiones a los privados y los pagamos día a día o, más bien, viaje a viaje. Los empresarios prefieren pagar las muertes que invertir en prevenirlas con mejor servicio: eso es maximizar ganancias y reducir costos de las empresas. Hace casi 20 años nos quisieron convencer con este mismo argumento y hoy el problema sigue sin resolverse, por lo que la premisa se cae por peso propio.

Mientras los que politizan todo intentan explicar que no se puede politizar la tragedia de Once, la justicia actúa, primero y raudamente sobre los trabajadores ferroviarios. Quizás, con algo de suerte, en algún momento interpele a los culpables y los haga pagar (un poco). La justicia impone distintos tratos de acuerdo a la clase social de pertenecia de los afectados, porque es imposible negar la ideología que las leyes y el poder reflejan.

Nada cambiará con medidas que maquillen la realidad. No alcanza con echar a Schiavi, Secretario de Transporte de la Nación, de su cargo, eso sólo sería un buen primer paso. No habrá justicia mientras no se logre descomponer el entramado de corrupción, desidia e impunidad perpetrado por los empresarios, sindicalistas-empresarios y funcionarios de turno. Este cóctel que ya terminó con muchas vidas, entre ellas la de Mariano Ferreyra, sigue siendo culpable de las muertes y nosotros, como sociedad, seremos los responsables de no dejar que esto quede impune una vez más.

Minería en Abra Pampa, contaminación en la Siberia Argentina

Condiciones Laborales Informe II: Minería en Abra Pampa, contaminación en la Siberia Argentina

[Qué trabajador se va a meter en un lugar sabiendo que se está Intoxicando? Informe II]

Recuerdo que en mi breve paso por Abra Pampa quedé pasmado por la sensación de desolación que me produjo el pueblito. Mi sorpresa fue mucho mayor cuando me enteré que el sobrenombre de Abra Pampa era “La Siberia Argentina” por las duras condiciones geográficas que presenta. Pensé que sería difícil vivir y sobrevivir en esas condiciones, pero cuando me puse a averiguar un poco más descubrí algo mucho peor: Abra Pampa sufrió una de las mayores catástrofes ambientales de la Argentina debido a la contaminación producida por la Industria Minera.

Algunos datos de Abra Pampa

Abra Pampa, con 12,000-13,000 habitantes, es uno de los pueblos más pobres en una de las provincias más pobres de Argentina: Jujuy. La mayoría de los pobladores se identifican como Kolla, aunque el estado no respeta su identidad y mucho menos sus costumbres y creencias. Como sabemos la relación de los pueblos originarios con el medioambiente es de un profundo respeto, lo que contrasta con el caso de contaminación que sufren día a día. La pobreza afecta aproximadamente al 60% de la región que posee un nivel de desempleo cercano al 70%. En estas condiciones, las familias dependen de planes sociales, empleos en el sector público y algunos empleos en minas cercanas. Estas actividades principales las complementan con trabajos de agricultura familiar y arreo de ganado.

Abra Pampa sufre por falta de cloacas, no tiene depósito de aguas residuales y tampoco tiene instalaciones para tirar la basura. Tanto la basura como los residuos cloacales se depositan a metros del poblado, sumando más problemas ambientales a la contaminación sufrida por los tóxicos vertidos por la Minería. Las compañías mineras (ej: Mina Aguilar; Mina Pirquitas) proporcionan una de las pocas fuentes de empleo para los residentes locales. Los residentes de la región usualmente sienten que están forzados a comprometer el bienestar físico de las comunidades expuestas a los riesgos sanitarios asociados con la minería, a cambio de un número mínimo de trabajos locales y la oportunidad de proveer alimento a sus familias.

Jujuy, y en particular las regiones cercanas a Abra Pampa, han sido históricamente el centro de la industria minera del país debido a su riqueza de minerales naturales. A pesar de estas riquezas y aunque los funcionarios continúen sosteniendo que la actividad minera de la Provincia es la base del desarrollo económico y de empleo local, su legado es el de afianzar la pobreza, la degradación ambiental y los riesgos sanitarios.

Metal Huasi

En 1955 se instaló en la zona céntrica, a sólo 3 cuadras de la plaza principal de Abra Pampa, la industria fundidora Metal Huasi. Durante sus casi 35 años de operación contribuyó al crecimiento inicial del pueblo, al que llegaban los desempleados de las minas que dejaban de funcionar en la zona, y a su subsecuente deterioro sanitario, ambiental y económico. Desde el principio de su actividad, las operaciones de Metal Huasi actuaron como una fuente de contaminación, exponiendo a los pobladores que residían cerca a niveles insalubres de contaminación por metales pesados.

A partir de 1979 comenzó a mermar la actividad de Metal Huasi, empleando menos gente, de manera eventual y por períodos más cortos, hasta que finalmente en 1987 cerró definitivamente. Según un informe realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, al cesar su actividad “una pila de entre 15 y 20 mil toneladas de desechos materiales pesados, de las cuales por lo menos 9 toneladas contenía altas concentraciones de plomo, había sido dejada en el centro del pueblo. Dos pilas más pequeñas fueron distribuidas en otras áreas del pueblo: al lado del arroyo Tabladitas y al lado de un lote vacío y el campo de fútbol del pueblo en el Barrio 12 de Octubre, ambos de los cuales causaron serios problemas de salud en el pueblo”. Es decir, a pesar del cierre de Metal Huasi, el pueblo tuvo que continuar sufriendo la contaminación ambiental y los problemas de salud que se derivan de ella por años.

Plomo en sangre

Los residuos tóxicos abandonados, debido a los fuertes vientos predominantes en la región, esparcen polvo tóxico de los desechos de plomo oxidado a lo largo y ancho de la comunidad diariamente, mientras que las lluvias de temporada causan que las toxinas se distribuyan por el pueblo. Los residentes de Abra Pampa informaron que viven con constantes dolores de cabeza y con dolores en sus huesos y articulaciones, un recuerdo físico casi permanente de la exposición diaria a los desechos de plomo que permanecen de las operaciones de Metal Huasi.

Según diversos estudios, más del 80% de los niños de Abra Pampa, la población más susceptible a los daños físicos y neurológicos que provoca el envenenamiento por plomo, viven con niveles de plomo en la sangre que exceden los estándares internacionales. Es de destacar que los médicos consignan que conforme avanzan los niveles de plomo en la corriente sanguínea, los sistemas de los órganos empiezan a dejar de funcionar y el cerebro, el hígado y los riñones conjuntamente sufren daños irreparables. A la larga, un nivel suficientemente alto de plomo en la sangre puede causar coma y hasta la muerte de la víctima. Además, en 2006 gracias a un estudio realizado por el Grupo de Investigación Química Aplicada (INQA) se demostró que hay una correlación directa entre la proximidad a la fundidora Metal Huasi y los niveles de plomo en la sangre, dando un nuevo elemento para comprobar el daño ambiental y a la salud de la minera.

Desde hace unos años se está tratando de limpiar el medioambiente de Abra Pampa con fondos proporcionados por el BID y fondos del estado nacional. Hay daños causados que son irrecuperables, tanto en el ambiente como en la salud de sus pobladores. Abra Pampa o la Siberia Argentina, entonces, nos dan un ejemplo claro de lo que produce la industria minera sin controles rígidos estatales y ,principalmente, sin controles ciudadanos. El afán de lucro desmedido condenó a muerte a muchos jujeños, dejó una marca irreversible en el medioambiente y plasmó en la práctica una vez más una política continua en Argentina: se privatizan las ganancias y se estatizan los gastos (política que mantuvo su continuidad más allá de los gobiernos de turno).

Luego de 35 años de funcionamiento Metal Huasi sólo dejó la imagen de desolación que pude percibir en mi llegada. Contaminación ambiental, miles de enfermos que no tienen los recursos para llevar adelante los tratamientos necesarios y un enorme gasto para el estado que debe “limpiar” sus residuos tóxicos son su herencia en Abra Pampa. La promesa de prosperidad nunca se convirtió en realidad y terminó por condenar a todo un pueblo.

Qué trabajador se va a meter en un lugar sabiendo que se está intoxicando? Parte I

"Qué trabajador se va a meter en un lugar sabiendo que se está intoxicando?"

Condiciones laborales Informe I: Utilización de agroquímicos en Misiones

El pasado 9 de febrero en una video conferencia Cristina Fernández de Kirchner expresó, defendiendo los intereses de las empresas mineras: “Qué trabajador se va a meter en un lugar sabiendo que se está intoxicando?”. Esta frase, que pronunciada por una primera mandataria puede tener cierto asidero en el sentido común urbano y acomodado, se aleja profundamente de la realidad de muchos trabajadores que tienen que soportar condiciones de trabajo infrahumanas para poder llevar el pan a sus hogares. Casos de referencia en Argentina 2012 sobran, por lo que voy a presentar una serie de informes para que nosotros, junto con nuestra presidenta, conozcamos un poco más del tema.

Informe I: Utilización de agroquímicos en Misiones

La realidad económica de Misiones le imprime características propias a sus trabajadores rurales. La necesidad de hacer rentables sus cosechas y de hacer circular sus productos, los lleva a interrelacionarse con las grandes agroindustrias multinacionales que les proveen lo necesario para maximizar los beneficios de sus plantaciones. De este modo, se da una articulación entre los productores de tabaco y las agroindustrias. Según consigna el CEPAL esta relación se encuentra destinada a una total asimetría debido a las claras diferencias de poder económico entre unos y otros. El control del mercado que ejercen estas grandes empresas, les permite imponer el precio, fijar arbitrariamente la calidad del producto, estipular las formas de pago, etc., generando la subordinación y la pérdida de autonomía del productor agrícola, que es formalmente independiente pero que en los hechos resulta significativamente subordinado a la empresa agroindustrial con la que se vincula.

Por supuesto que las grandes empresas multinacionales agroindustriales dicen que los productores se conectan con ellas de manera libre y que nadie los obliga a hacerlo. Lo cierto es que con un estado ausente, con carencia de políticas que los amparen y promocionen la diversificación de cultivos, con escasa capacidad de comercialización y/o con poco o nulo capital para invertir en sus campos, los productores tienen una sola salida: asociarse con agroindustrias como Monsanto, por ejemplo. Sumémosle a esto que el gran engaño que las multinacionales, principalmente Monsanto (que es el principal distribuidor de agrotóxicos), realizan es la comercialización de un “paquete tecnológico” que obligan a comprar en conjunto. Este paquete tecnológico consiste en el agrotóxico y las semillas resistentes al glifosato. Entonces a los productores no les cabe otra opción que comprarle a éstas grandes multinacionales el paquete entero que les genera alto rendimiento de sus cosechas. De otra manera sus cosechas no les darían lo suficiente para sobrevivir.

Sabiendo que se está intoxicando

El pasado 11 de octubre de 2011 el Ministro del agro y la producción de Misiones, Néstor J. Ortega dijo que “hay falta grave de conducta sobre el uso de agrotóxicos”. Esta frase no hace más que reconocer una realidad que es aterradora. De acuerdo con resultados divulgados por diversos estudios científicos, las malformaciones están altamente correlacionadas con el uso de agrotóxicos. Este hecho se expresa en la alta incidencia de nacimientos con malformaciones de origen genético en poblaciones de las zonas tabacaleras y pasteras. Se calcula que un 70% de los niños nacidos en esas zonas, padece alguna malformación.

Los números de las intoxicaciones hablan por sí solos, en Misiones 5 de cada 1.000 niños nacen con malformaciones. Los casos son más frecuentes en las zonas tabacaleras y pasteras, donde se usan agrotóxicos, y el problema se traslada a todo el ambiente, con la degradación del suelo, la contaminación del aire y de los cursos de agua. En números absolutos podemos precisar, que unos 3 mil niños son afectados como consecuencia del uso de agrotóxicos y la utilización de varios venenos que están prohibidos en otras partes del mundo.

Estudios médicos expresan que el 87 % de los casos de malformación se registran en pacientes que habitan en zonas rurales y que están en permanente contacto con agroquímicos. La mayoría son hijos de productores de tabaco y de yerba mate que desarrollan su vida en torno a las plantaciones y a los químicos utilizados para fumigar las plantas. La malformación en estos niños se detecta ya, a partir de la cuarta semana de gestación. Los números también nos dicen que en Misiones se estima que cerca del 13% de su población tiene alguna discapacidad, duplicando casi la media nacional. Esta curva va en ascenso desde que se comenzaron a utilizarse estos productos.

El uso de agrotóxicos no sólo determina la aparición de malformaciones genéticas, sino que también incide en la aparición de diversas formas de cáncer, al incrementar la tasa intracelular de mutaciones genéticas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que de un total de 3 y 5 millones de casos anuales de agricultores afectados, 40.000 mueren por intoxicaciones agudas y aclara que éstas son sólo parte visible de los daños causados por estos productos.

La salud de los trabajadores rurales de Misiones se deteriora todos los días, la de su familia y el resto de su entorno también. Podríamos preguntarnos entonces, cómo nos propone la Presidenta "Qué trabajador se va a meter en un lugar sabiendo que se está intoxicando?" La respuesta es clara y concreta: todos los que no encuentren otro medio de vida. El estado ausente, las necesidades apremiantes para sostener una familia, el afán de lucro desmedido de las corporaciones, y la lógica de la explotación capitalista que imprime sus peores condiciones en los países periféricos, son algunos de los condimentos que hacen de Misiones una demostración de la barbarie en la Argentina de 2012.

Síntesis de los incentivos fiscales a la exploración y explotación minera

1- Doble Deducción de Gastos de Exploración (Ley Nº 24.196)

Pueden deducir el 100% del monto invertido en determinar la factibilidad de un proyecto del calculo del Impuesto a las Ganancias (prospección, exploración, estudios especiales, planta pilotos, investigación). Y además lo deducen de la ley de Impuestos a las Ganancias.

2- Devolución del IVA a la Exploración (Ley Nº 25.429)

Devolución de créditos fiscales de IVA (a los 12 meses)

3- Estabilidad Fiscal y Cambiaria (Ley Nº 24.196)

Estabilidad fiscal por 30 años. Las mineras no podrán ver afectada su carga tributaria o arancelaria, disminuir sus beneficios, ni ver modificado su régimen cambiario. (en el aspecto fiscal incluye los impuestos que gravan los intereses de prestamos en el exterior, pero quedan fuera el IVA y los reintegros a las exportaciones. Respecto al régimen cambiario se excluye la paridad cambiaria). En otros países estos beneficios no son GRATIS.

4- Amortización Acelerada (ley Nº 24.196)

Maquinaria, construcciones, vehículos e infraestructura se amortizan en 3 años. Puede trasladar el quebranto de una amortización acelerada al próximo ejercicio fiscal, cuando no pueda ser utilizado en un 100%. El quebranto puede ser trasladado indefinidamente hasta que la empresa genere ganancias que permitan utilizarlo.

5- Exenciones de Aranceles y Tasas Aduaneras (Ley 24.196 -Resolución 112/2000)

No pagan derechos de importación o de todo otro gravamen, derecho o tasa de estadística por la importación de bienes de capital, equipos o insumos.

6- Deducción por Gastos de Conservación de Medio Ambiente (Ley 24.196)

Estos gastos son deducibles hasta un 5% del monto total de los gastos de extracción y procesamiento.

7- Exención de Ganancias (Ley 24.196)

Están exentas las utilidades derivadas del aporte de minas y derechos mineros para capitalizar sociedades

8- Regalías (Ley 24.196 modificada por Ley 25.161- artículo 22bis)

El tope fijado en el país es del 3%. En Chubut es del 2% del valor de bocamina del mineral extraído. En otros países es entre 15% y 40%.

9- Exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (Ley 24.196)

10 - Capitalización de los Avalúos de Reservas Mineras (Ley 24.196)

El avalúo de reservas mineras, podrá ser capitalizado hasta en un 50%. Esto no incide en el impuesto a las ganancias, sólo mejora la situación patrimonial para acceder a créditos. (Ley de Inv. Mineras)

11 - Devolución Anticipada y Financiamiento de IVA (Ley 24.196)

Devolución o financiamiento en importación o compra de bienes e inversiones de infraestructura. - Devolución del IVA dentro de 60 días. Los créditos fiscales de IVA pueden ser canjeados por un préstamo bancario del mismo monto. El estado se hace cargo de los intereses hasta un 12 % anual. Y el crédito puede ser a 2, 4 o 6 años.

12 - Exención de Contribución sobre la Propiedad Minera (Ley 24.196)

Léase: Propiedad Minera = productos, establecimiento, maquinaria, vehículos, etc. - Esto alcanza a todo impuesto o gravamen, presente o futuro, nacional, provincial o municipal - (Quedan excluidas: el canon minero, tasas de retribución de servicios e impuestos a los sellos por actuaciones judiciales).

13 - Gravámenes Provinciales y Municipales:

En el acuerdo Federal Minero (Ley 24.228), los estados Nacional y Provinciales acordaron eliminar todo gravamen y tasa municipal e impuesto a los sellos (exención a los Ingresos Brutos, sellos, etc).

14 - Reembolsos por Puerto Patagónico (Ley 23.018 y su modificatoria Ley 24.490)

Se establece un reembolso a las exportaciones realizadas por Com. Rivadavia Com. del 5% (aumenta cuando más austral es la ubicación geográfica del puerto).

15 - Exención de Retenciones a las Exportaciones (otras actividades aportan)

16 - Exención del Impuesto al Cheque (decreto Nº 613/2001)

Para el resto de las actividades la tasa es del 6 por mil.

17 - Deducción del 100% del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ley 23.966)

Es el impuesto que todos pagamos cuando cargamos nafta. El combustible utilizado por las empresas mineras no integra la nómina de productos gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos.

18 - Transferencia al exterior de capital y Ganancias en cualquier momento y sin pagar cargas o impuestos sobre dichas transferencias

(Fuente: www.noalamina.org)

Faltan viviendas pero sobre todo soluciones: números del déficit habitacional de la CABA

A más de un año de la toma del Parque Indoamericano que marcó un punto de inflexión en la visibilidad de la problemática de vivienda en la CABA, fueron sobreseídos todos los imputados, tanto de la Policía Federal como de la Policía Metropolitana, por los dos asesinatos en los intentos de desalojos de ambas fuerzas. Los asesinos siguen libres y el problema es ignorado por los gobiernos, por los partidos políticos tradicionales y por los medios de comunicación. Repasemos de qué hablamos cuando hablamos de déficits habitacionales:

La lógica que expulsa

El denominador común de la política habitacional porteña, desde la última dictadura militar hasta hoy, es la creciente desregulación del mercado inmobiliario. Esta desregulación, término que hemos conocido en su máximo esplendor y en todos los ámbitos en los años ‘90, marca la ausencia del estado en acciones concretas que aseguren el acceso a la ciudad a los sectores de menos recursos. De este modo, la ciudad expulsa a los sectores con menos recursos hacia el conurbano o los condena al alquiler o, en la mayoría de los casos, a la informalidad.

Un boom inmobiliario sin precedentes, especialmente a partir del crecimiento sostenido de la economía que se presenta desde 2003, nos deja tendencias marcadas y constantes a la concentración y a la marginación de amplios sectores de la sociedad. Esto se da frente a un estado renuente a intervenir dejando que el mercado imponga sus reglas. La propia lógica del capital, que en tiempos de crecimiento económico lleva a la concentración, hace que el acceso al suelo y la vivienda sea cada vez más dificultoso y que la cantidad de viviendas desocupadas crezca de la mano de la problemática de acceso al suelo.

Dos ciudades: El sur y el norte

La ostentación del norte. Gran parte de la dinámica de crecimiento sostenido del mercado inmobiliario que se dio desde 2003 tiene su correlato en la concentración de la construcción en los barrios de mayores ingresos, aumentando, consecuentemente, la oferta de metros cuadrados a disposición de los sectores con mayores recursos. El informe presentado por el Centro de Estudios Perspectiva Sur a marzo de 2011 precisa que según datos de la Dirección de Estadística de la Ciudad, solo el 20% de las nuevas viviendas se localizaba en las comunas del sur, donde se concentra la población de menor ingreso. Este fenómeno no se presenta aislado. El Censo 2010 nos mostró que un total de 340,975 viviendas (número que representa un 24% del total) se encuentran desocupadas en la CABA. Lógicamente la mayoría de las viviendas sin ocupación se encuentra en la zona norte de la ciudad.

El sur es otra historia. Mientras que en el Norte se presentan la mayor cantidad de viviendas desocupadas, la comuna 8 (Villa Soldati, Lugano, Villa Riachuelo) es la que tiene menos viviendas sin ocupación. Además, la zona sur es la que ha sido postergada en términos relativos, por las inversiones inmobiliarias dejando menos metros cuadrados disponibles para aquellos que más los necesitan. En el sur el negocio inmobiliario cierra menos, la necesidad es mayor, el estado continúa ausente y la calidad de vida empeora. De Rivadavia al sur todo es más difícil.

Los alquileres

Lógicamente y debido al alza de los precios de los inmuebles, aumentó el valor de los alquileres y los requisitos exigidos para calificar como locatario. Para graficar concretamente lo que estamos expresando vale precisar que mientras que en 2001 el 37% del ingreso de una familia debía destinarse al alquiler de un departamento de 3 ambientes, desde 2005 debe asignarse, cuando menos, el 45%. Estos datos van en consonancia con el aumento de un 470% el alquiler de un 3 ambientes promedio en el período comprendido entre 2001-2010.

Este mencionado aumento del precio de los alquileres, sumado a las exigencias necesarias para calificar como locatario, redundó en una exclusión del mercado inmobiliario para sectores de más bajos ingresos con condiciones de trabajo informales. Entonces, para los sectores con más bajos recursos, ni el nivel de ingresos, ni las condiciones en las que acceden al trabajo, les permite afrontar los requisitos que el mercado inmobiliario espera para acceder a una vivienda en alquiler. Por consiguiente la opción es la informalidad.

Los números de la informalidad urbana

Según datos de diversos informes de políticas públicas y acceso al suelo, podemos precisar que al año 2010 sobre un total de 2.980.151 habitantes de CABA, 667.435 se encontraban en situación de vulnerabilidad habitacional. Lo que representa un total del 23% de la población habitacionalmente vulnerable. Sobre estos números vale precisar que el 9% de la población de la Ciudad vive en una villa porteña. Además, podemos ver que unas 12.000 personas viven en 23 nuevos asentamientos urbanos bajo autopistas o en lotes lindantes a ferrocarriles debido al escaso lugar disponible en las villas más antiguas. Citando a @zapataceci podemos decir que “lo que comparten estas distintas situaciones habitacionales, y las personas que las padecen, es la precariedad, en mayor o menor medida, de las viviendas en cuanto a estructura, acceso a los servicios básicos (agua, luz, gas, redes cloacales), a situación irregular en cuanto a la regularización dominial de las tierras y la situación socio económica de sus habitantes”.

Estos son los números que se encuentran en la trastienda de una toma de tierras que dejó como saldo 2 asesinatos y una cantidad de promesas que nunca se concretaron. El déficit estructural de vivienda, la falta de respuestas estatales, la ausencia de políticas publicas que ordenen el crecimiento, la necesidad de las familias de un lugar para vivir cercano a sus trabajos, la informalidad laboral, el crecimiento económico y la concentración del capital, se conjugan para conformar un coctel que expulsa a los sectores con menos recursos de la ciudad y condenan a condiciones de precariedad a otra buena parte. Mientras tanto los “sin vivienda” crecen y por ahora no hay a la vista soluciones concretas de la mano de políticas de estado.